Este problema detectado en el sistema electrónico que implantó Justicia en enero de 2016 ha causado una gran alarma social, especialmente entre los juristas por lo que supone la ‘filtración’ de información que no es pública.
Fuentes jurídicas explican a Redacción Médica que «todos los datos médicos especialmente protegidos en un procedimiento y que se hubieran aportado como prueba podían haber sido revisados». De este modo, pudieron leerse demandas reclamando incapacidades permanentes, altas médicas, negligencias médicas, informes periciales de mujeres maltratadas…
Además de abogados y procuradores, otros profesionales provenientes de la Abogacía del Estado o determinados cargos de los Cuerpos de Seguridad han podido tener acceso a los datos que han sido expuestos por el fallo de LexNet.
Los responsables de la plataforma cerraron el acceso para resolver el problema una vez recibieron la incidencia y poco más de media hora después aseguraron vía Twitter que «ya había sido resuelta».
