Hace un mes comenzó el plan de vacunación contra la Covid, que prevé proteger en primer lugar a las personas que viven en residencias de mayores o discapacitados y sus cuidadores. Aunque se trata de un primer paso, todo apunta a que será un proyecto lento, en parte por los recelos existentes en la población sobre la inyección. De acuerdo con el último CIS, el 28% de los españoles rechazan ponerse la vacuna “inmediatamente”. Actualmente, ya hay casos de familiares de personas dependientes que se han negado a que estos se vacunen. Pero ¿es esto legal? ¿Hasta qué punto puede el tutor legal de un tercero tomar una decisión de este tipo?
A pesar de la letalidad del virus, hay una gran parte de la población que muestra recelos ante la inyección. Sin ir más lejos, la directora de una residencia de Guipúzcoa anunció la semana pasada que no vacunaría a sus 40 internos porque se trataba de un producto en fase experimental.
Un argumento que para Ricardo de Lorenzo, presidente de la AEDS, y experto en Derecho Sanitario, carece de recorrido judicial, “principalmente porque no es cierto”. El letrado recuerda que se trata de un medicamento que ha cumplido todas las fases de desarrollo y está autorizado por los organismos correspondientes, “por lo que es válido y beneficioso”.
