El Tribunal Constitucional da su visto bueno a que el Gobierno, particularmente el Ministerio de Hacienda, limite el gasto farmacéutico y sanitario, de las comunidades autónomas. Así se puede interpretar después de que el máximo órgano de la Justicia española haya desestimado el recurso de inconstitucionalidad que presentó Andalucía contra la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que ha permitido establecer techos de gasto en la inversión pública en medicamentos y productos sanitarios.
En la sentencia, al que ha tenido acceso Redacción Médica, se precisa que Andalucía recurre el cambio en la legislación sanitaria porque al hacerse por “orden ministerial supone la infracción de los principios de jerarquía normativa, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. Particularmente, carga contra la disposición final añadida a la Ley General de Sanidad, que al final es la que habilita para regular reglamentariamente lo previsto en los artículos 107 a 110, es decir, los ‘añadidos’ que se aprobaron en el Congreso de los Diputados en 2015 que permiten a los ministerios de Hacienda y Sanidad limitar el gasto sanitario autonómico.
