Rafael Catalá Polo (Madrid, 1961), licenciado en derecho y plaza de administrador civiles del Estado, era ya un alto cargo experimentado cuando en septiembre de 2014 Mariano Rajoy le ofreció hacerse cargo de Justicia. En ese momento era secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y había pasado por Sanidad, Educación, Hacienda y Administraciones Públicas. Y, sobre todo, ya había sido secretario de Estado de Justicia en el último Gobierno de Aznar.
Pese a todo ese bagaje gestor, aquella oferta de Rajoy no era tanto la de ser ministro como la de sustituir a Alberto Ruiz Gallardón. Con el perfil tan intenso de su predecesor, el de Catalá no podía ser sino discreto, algo que además cuadraba bastante bien con su personalidad. Y así ha sido. Frente a un gigante político capaz de hazañas como provocar la primera huelga de jueces de España, Catalá ha ido cumpliendo su trabajo sin estridencias, muy al gusto de Rajoy. La herencia de proyectos que recibió era ya imposible de cumplir, tanto por la oposición política como la de los propios estamentos profesionales a los que afectaba.
Así que buena parte de su discreta tarea en el primer año al frente de Justicia fue desactivar proyectos que no sólo no verían la luz, sino que se habían convertido en graves problemas. Desmontó, por ejemplo, las polémicas tasas judiciales y aparcó la reforma del Registro Civil. Sacó adelante los plazos máximos de investigación, una reforma muy aparatosa a primera vista pero una minucia comparada con la reforma integral del sistema penal español de la que provenía. Donde sí ha insistido en avanzar ha sido en la modernización de la Justicia a través, por ejemplo, de la digitalización y la gestión procesal común.
