Cada día, los ciudadanos no versados en Derecho —y no pocos con conocimientos más o menos profundos de leyes— se enfrentan a textos jurídicos y legales farragosos, oscuros o directamente ininteligibles. Fórmulas arcaicas, latinismos lanzados para lucimiento del escritor, párrafos que ocupan una página entera sin solo un punto, formas verbales obsoletas y otros rasgos estilísticos indeseables asaltan a quienes se enfrentan con las comunicaciones de la Justicia y la Administración.
“Hay sentencias maravillosamente bien escritas, que se entienden muy bien porque el magistrado tiene gusto por escribir bien, y otras en las que las palabras están tiradas contra el ordenador, sin preocupación por la congruencia”, constata Santiago Muñoz Machado, secretario de la Real Academia Española (RAE) y director del Libro de estilo de la Justicia. Este manual, editado en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y redactado por el también académico Salvador Gutiérrez, catedrático de Lingüística, es la última pica en la lucha por la transparencia del español legal.
La batalla por un lenguaje jurídico claro abarca 25 siglos. El Derecho Romano ya fijó el principio de que «las leyes deben ser comprensibles por todos» (Leges intellegi ab omnibus debent). Esta estela latina fue continuada, entre otros, por Alfonso X El Sabio en sus Partidas, por Montesquieu en El Espíritu de las Leyes (1747) y, más recientemente, por los programas de calidad legislativa de la Unión Europea. Sin embargo, el español legal
sigue aquejado de hermetismo.
«Prescripción, enfiteusis, interdicto»
El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, presentará este miércoles el Libro de estilo de la Justicia junto con el presidente de la Real Academia, Darío Villanueva. En el prólogo de la obra, Lesmes afirma: «El rigor conceptual impedirá que puedan desaparecer del lenguaje jurídico términos tales como prescripción, enfiteusis o interdicto, pero esa tecnificación del léxico no debe estar reñida con la claridad».
Lesmes coincide con Muñoz Machado en que «el desarrollo y la generalización del uso de la informática quizá haya propiciado también algunas disfunciones directamente relacionadas con el tratamiento automatizado de textos». Según el presidente del Supremo, la «utilización irreflexiva» de bases de datos de legislación y jurisprudencia «genera también composiciones desmesuradas y desordenadas, difíciles de leer y asimilar».
Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense, atiende a EL PÁIS en la biblioteca de la Academia, ante la mesa en la que trabaja habitualmente. “Es difícil concentrar la crítica al lenguaje jurídico en elementos específicos”, afirma. Y sostiene que en el mundo del derecho, tanto el teórico como el aplicado en leyes y sentencias, “se ha asumido la claridad como un deber y también como un derecho que tienen los ciudadanos”.
El coordinador del Libro de Estilo considera que los defectos de claridad de los textos jurídicos “se deben casi siempre al arrastre que tienen expresiones y conceptos históricos que ahora deberían ser superados y sustituirse por expresiones más corrientes”. Muñoz Machado aboga por “prescindir de ese lenguaje arcaico que no entiende la mayoría de ciudadanos”.
Este esfuerzo por modernizar el lenguaje, afirma el académico, no implica desterrar ciertas expresiones, como algunos latinismos (habeas corpus, in dubio pro reo…), que el hablante formado ha incorporado a su acervo lingüístico. Suprimirlas, entiende el Muñoz Machado, podría acarrear un divorcio de las fuentes del derecho y de las fuentes del idioma. “El derecho es un lenguaje técnico y no puede prescindir de su tecnicidad. Tiene ese tipo de expresiones que no hay que vulgarizar. Además, cada una de esas expresiones latinas en muchos casos representa instituciones que para explicar en castellano necesitarían muchas páginas. No pretendemos la exclusión de los latinismos: forman parte de la tradición y la tecnología jurídica, y son muy útiles y las sigue utilizando habitualmente la jurisprudencia. No se puede imponer a los tribunales ni a los juristas formas del lenguaje que les son externas o que excluyen algo que han usado siempre”, recalca.
El Libro de Estilo, que presentará este miércoles el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, junto al director de la RAE, Darío Villanueva, complementa al Diccionario Jurídico del Español, presentado en abril de 2016 y que cuenta ya tres ediciones. Este tesauro avanza en su edición panhispánica y digital. Muñoz Machado, que también coordina esta obra, mantiene contactos estos días con los tribunales supremos y con la academias de la lengua de los países de habla española para dar forma a la obra.
