El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso ha presentado una Proposición no de Ley relativa a un nuevo baremo para la determinación de indemnizaciones por daños sanitarios para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Esta medida se suma a la moción presentada por el mismo grupo en el Senado para instar al Gobierno a que se regule el baremo indemnizatorio de daños y perjuicios sobrevenidos por la actividad sanitaria.
En la exposición de la iniciativa subraya que la disposición adicional tercera de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, establece un baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria.
En concreto, esta disposición establece que “el sistema de valoración regulado en esta Ley servirá como referencia para una futura regulación del baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria”.
El texto reconoce que “en la actualidad, las indemnizaciones de los daños ocasionados por la actividad sanitaria se calculan basándose en el baremo de accidentes de tráfico. Sin embargo, este baremo no recoge un gran número de secuelas por malas praxis realizadas en la actividad sanitaria”.
Las reclamaciones por daños ocasionados en la actividad sanitaria han ido creciendo a un ritmo constante en los últimos años. Los casos más habituales se han producido por intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias o retrasos en ambulancias. Las más frecuentes son por errores en casos de Ginecología, seguidas por las operaciones estéticas y de casos de Traumatología, según el documento planteado por el Grupo Popular.
Con la puesta en marcha de un nuevo baremo para daños sobrevenidos de la actividad sanitaria se ofrecería más seguridad jurídica a los pacientes, mayor transparencia, agilidad, y además, se evitarían conflictos judiciales ya que se fomentarían las reclamaciones extrajudiciales para no llegar a juicio.
En esta línea ha estado trabajando el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, que en enero de 2013 recibió un encargo para diseñar un proyecto para crear un nuevo baremo que definiese y calculase los daños y perjuicios en la actividad sanitaria. Sin embargo, a día de hoy, este proyecto no se ha realizado. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular solicita al Congreso de los Diputados que inste al Gobierno a elaborar, en el plazo de tiempo más breve posible, un nuevo baremo para la determinación de indemnizaciones por daños derivados de actividades en el ámbito sanitario con la finalidad de contribuir a una mayor seguridad jurídica, transparencia, agilidad en las indemnizaciones y reducción de la litigiosidad.
