El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea entró en vigor en España el pasado 25 de mayo. Sin embargo, pese a que está vigente, dicha norma europea aún debe adaptarse al derecho español mediante una ley orgánica que todavía no ha superado su tramitación parlamentaria, lo que ha llevado al Gobierno a elaborar y aprobar un Real Decreto Ley (RDL) para adecuar al ordenamiento nacional aquellas medidas que «no admiten demora», según especifica el documento del RDL.
Entre las medidas que el Ejecutivo considera que deben ser implantadas con carácter urgente se encuentran la regulación de la inspección y el régimen sancionador en materia de protección de datos y los procedimientos en caso de vulneración de reglamento europeo. Estos eran algunos de los aspectos que más preocupaban al sector sanitario privado, puesto que las multas que se contemplaban eran mucho más elevadas que las recogidas en la ley anterior y podían llegar incluso a poner en riesgo la continuidad de la empresa. De esta forma, el Gobierno establece las pautas que se seguirán en las revisiones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos hasta que éstas se publiquen en la ley orgánica y ofrecerá, así, una hoja de ruta a seguir por las compañías para superarlas.
