La polémica está servida. La ministra de Igualdad, Irene Montero, quiere que en la nueva ley del aborto se regule la objeción de conciencia de los médicos para que «no esté por encima del derecho a decidir sobre su cuerpo» de las mujeres y que estas puedan realizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en «un hospital público, cercano a su domicilio, eligiendo el método y con todas las garantías para sus derechos». Una pretensión que Ricardo De Lorenzo, presidente de la AEDS, alerta de que es “inconstitucional”.
“La objeción de conciencia del médico es un derecho fundamental recogido en el artículo 30 de la Constitución. Ninguna ley puede cambiar eso”, enfatiza Ricardo De Lorenzo a Redacción Médica. El jurista recuerda además que “la regularización de la objeción de conciencia del médico no depende ni del Parlamento ni del regulador vigente”.
En este sentido, De Lorenzo detalla que La objeción de conciencia aparece en la Constitución Española en el artículo 30, al reconocer este derecho fundamental de los españoles en el caso del servicio militar. Concretamente, la Carta Magna establece en el apartado 30.2, que la ley regulará la objeción de conciencia para estos casos. Sin embargo, en más de cuatro décadas de democracia, solo tres leyes han regulado este derecho fundamental: la del servicio militar de 1984, la del aborto (2010) y la eutanasia (2021).
Pretensiones de la nueva ley del aborto
El objetivo de la ministra Montero es, según sus propias palabras, que la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva «elimine los tres días de reflexión» que a día de hoy son obligatorios para aquellas mujeres que hayan decidido realizar una IVE. Cree que es «importante» lanzar el mensaje de que «las decisiones de las mujeres no necesitan supervisión» ni «ser tuteladas».
También quiere «penalizar el acoso a las clínicas» que practican IVE, una situación que, tal y como ha apuntado, no solo sufren las mujeres, sino también las profesionales sanitarios que trabajan en dichos centros.
