El presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), Ricardo De Lorenzo, ha sido el encargado de ofrecer el discurso de apertura de la XXVII edición Congreso Nacional de Derecho Sanitario en el que ha destacado que “el objetivo del Derecho Sanitario, además de seguir manteniendo el acercamiento adecuado entre el Derecho y las Profesiones Sanitarias, tiene como finalidad avanzar el Derecho al mismo ritmo que marcan los descubrimientos y conocimientos que proporcionan las Ciencias de la Salud”. Es decir, contribuye a “evitar la existencia de “agujeros negros” que impidan la seguridad jurídica”.
De Lorenzo ha explicado que cuando en febrero de 2020 se reunió el Comité Científico y la Junta Directiva de la AEDS, en la Real Academia Nacional de Medicina de España, para elegir los temas a tratar en la presente edición, nada hacía presagiar que el primer caso reportado en diciembre de 2019 sobre un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida, generaría más de 235 millones de casos de la enfermedad en 258 países y territorios en el mundo, y 4.805.881 fallecidos. Llegando en España a un exceso de mortalidad en la pandemia por encima de los 100.000 fallecidos.
Según ha expuesto, “la libertad individual ha sido alterada en aras de la seguridad colectiva y la protección de la salud. Hemos aprendido, además, que hay distintas formas de gestionar una crisis”. Ha remarcado que “existe la impresión de que a partir de ahora nada será ya igual, por eso, es también momento, en el marco de nuestro Congreso, de hacer un repaso crítico a estos dos años de crisis sanitaria desde la perspectiva jurídica, siendo obligado reflexionar sobre lo pasado y sobre el futuro”.
De Lorenzo se ha mostrado partidario de “reflexionar sobre lo ocurrido, donde hemos descubierto la dimensión auténtica de la libertad: la de movimientos, la de expresión, la de información. Son tiempos para arrimar el hombro por una causa común sin dejar, por ello, de señalar las imperfecciones humanas y políticas en la toma de decisiones. Tiempos para rendir homenaje a los sanitarios, verdaderos héroes de esta pandemia, a los afectados por la enfermedad, a los miles de fallecidos (contabilizados o no) y a las penosas circunstancias atravesadas por sus familias. Han sido, sí, tiempos de examinar al poder que es la condición inderogable de la salud de la democracia”.
En el año 2016, en el marco del XXIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, “nos adelantamos estudiando los problemas jurídicos asociados a las grandes crisis sanitarias”, ha recordado. Los profesores Íñigo de Miguel Beriaín, Cristóbal Belda, Fernando José García López, Emilio Armaza, y Ricardo De Lorenzo lanzaron un urgente aviso sobre la necesidad de una estrategia enfocada a trazar un marco ético-jurídico que diera una respuesta global a todas las grandes crisis sanitarias que pudieran presentarse en un futuro, ante la grave ausencia en nuestro país de un marco legislativo actualizado para poder luchar con eficacia contra estas crisis.
“La actual pandemia nos ha mostrado que teníamos razón, y vivimos con la cruda realidad, de que ahora todo se determine entre interpretaciones judiciales, lagunas legislativas, episodios de caos autonómicos, confinamientos perimetrales y agravios comparativos entre comunidades”, ha concluido.
