Definido en el sector como “el abogado de los médicos”, con una trayectoria profesional que supera el medio siglo, ha sido testigo y protagonista del desarrollo del Derecho Sanitario en España. Su pasión por la abogacía no es solo una cuestión de oficio, sino una vocación arraigada en su historia familiar y en su compromiso con la justicia dentro del ámbito sanitario. Su padre, miembro de la carrera judicial y fiscal tuvo una gran influencia en su dedicación profesional, lo que sin duda influyó en su valoración hoy como una de las figuras más influyentes en la regulación y defensa del sector médico en España.
Desde sus primeros pasos en la profesión, De Lorenzo comprendió que la práctica del Derecho exigía mantener la razón sobre la emoción, pero sin perder la humanidad en la defensa de sus clientes. Durante estos años, ha representado a miles de médicos y profesionales sanitarios, ayudándolos a sortear los desafíos legales que enfrentan en su labor diaria.
Su dedicación siendo jurista y Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación ha merecido su ingreso como Académico de la Real Academia Nacional de Medicina de España, e igualmente de la Academia Médico Quirúrgica Española o de la Academia de Estudios Odontológicos de España. De Lorenzo también es miembro de nuestro Consejo Editorial.
Para comenzar, ¿cómo describiría la evolución de su carrera y los hitos más relevantes en su trayectoria profesional?
Este año he cumplido 50 años de ejercicio profesional, y eso me hace sentir privilegiado. Primero, por haber tenido la suerte de ganarme la vida haciendo aquello que más me satisface y trabajar por vocación en el complejo ejercicio del Derecho, en mi caso Sanitario, representando y defendiendo derechos de los profesionales sanitarios. En este desarrollo, se debe mantener al margen las emociones e intereses particulares y actuar en función de argumentos, estudios, conocimientos y pericia para ejercer la mejor defensa al justiciable. Ha sido y es mi pasión ser abogado.
Cincuenta años le han permitido ser testigo de numerosos cambios en la sanidad y el derecho. ¿Qué ha significado para usted esta experiencia?
Me ha permitido ser testigo de excepción de la historia y evolución de la sanidad en nuestro país, de conocer a sus protagonistas, muchas de ellas que ya no están; de épocas, de modas, de contextos, de haber estado tras muchas novedades legislativas, de sentencias que parecía que iban a cambiar la faz de la Tierra. También de procesos políticos y de profundas transformaciones sociales y, de alguna manera, de influir en los acontecimientos.
Menciona la idea de influencia en su trayectoria. ¿Cómo la define en su ámbito?
La influencia es algo distinto al poder, que les corresponde a los cargos elegidos. Con esa influencia he podido contribuir, desde el ejercicio de la Abogacía y el estudio del Derecho Sanitario, a ayudar en cierta forma a moldear la sociedad, teniendo memoria para recordarlo con detalle.
En el ejercicio de la abogacía, los resultados pueden ser diversos. ¿Cómo ha vivido los distintos desenlaces de sus casos?
He ganado asuntos, perdido y empatado. Entendiendo esto último en aquellos casos en que, reclamando una cantidad, una indemnización o un determinado reconocimiento de derecho, obtenías un reconocimiento parcial, aunque substancialmente provechoso para el cliente.
Su labor se ha centrado en la defensa de profesionales sanitarios. ¿Cómo es vivir esa relación con sus clientes?
A un abogado se va a descargar un problema y a pedir ayuda. Cada uno de los miles, y digo bien miles, de médicos y profesionales sanitarios que se han sentado frente a mí para encomendarme un asunto, han traído a mi vida “una línea o un renglón torcido” del texto de su vida profesional: errores, fracasos, efectos adversos, reclamaciones injustas con valoraciones erróneas… Sobre esos problemas, como abogados, debemos escribir una historia derecha, ese es nuestro trabajo y por eso se le llama Derecho.
Pasemos a su contribución en el ámbito legislativo. ¿En qué proyectos ha participado activamente?
Desde el Legislativo he tenido la oportunidad de participar en las Comisiones de Redacción de numerosos anteproyectos de textos legislativos, códigos deontológicos y estatutos colegiales. Fui redactor, entre otros, de la Reglamentación del Tribunal de Mediación, Conciliación y Arbitraje en materia de Responsabilidad Sanitaria de la Comunidad de Madrid en 1999, a iniciativa del Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro. También trabajé en el Anteproyecto de Estatuto Marco de Personal del Sistema Nacional de Salud en 1987, previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en representación del ámbito médico. Trabajos que fueron los precedentes de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
En relación con el Estatuto Marco hoy en día en revisión, ¿qué impacto tuvo la influencia desde el ámbito judicial de sus pleitos laborales a favor de los médicos? ¿Y cómo afectó las directivas europeas en la legislación nacional?
Los trabajos a los que me he referido fueron los precedentes de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, hoy precisamente como bien dice en examen, en la que se lleva a cabo la transposición al sector sanitario de dos directivas de la Comunidad Europea relativas a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores a través de la regulación de los tiempos de trabajo y del régimen de descansos, las Directivas 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, y 2000/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 2000.
Es evidente que aquellos pleitos cuyas defensas dirigí obteniéndose la retribución de las guardias médicas que no eran gratificadas, su prorrateo en las pagas extras o vacaciones, o el descanso mediante la limitación de la jornada laboral tuvieron gran importancia pues conllevó la elaboración del Real Decreto 3110/1977, de 28 de octubre, estableciéndose una primera regulación de los turnos de guardia y localización, mediante la reforma del artículo 31 del Decreto 3160/1966, del Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social.
Nos consta su especial sensibilidad en el desarrollo normativo de la autonomía del paciente, que usted ha definido como una nueva cultura ¿podría contarnos sus trabajos y participación en este apartado? ¿Es cierto que es autor de la mayor parte de los consentimientos informados que firmamos en los hospitales y consultas?
No, no, por favor. Tuve la suerte de participar en las reuniones del comité de redacción en el Ministerio de Sanidad de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, dedicando posteriormente muchas de mis publicaciones a su desarrollo.
A lo que usted se refiere y sí, es algo de lo que me siento especialmente más satisfecho en mi carrera es haber podido colaborar con las principales figuras de la Medicina y la práctica totalidad de las sociedades científicas sanitarias, en los primeros documentos de consentimiento informado que se vienen utilizando en nuestro país por especialidades, no genéricos, incluyendo la información adecuada de los más importantes procesos clínicos asistenciales, con sus variantes, singularizados desde el ámbito médico.
Así, vieron la luz los primeros libros sobre información y consentimiento, un total de 40, realizados por un Jurista con Médicos, y con ellos fueron incorporándose en las consultas, clínicas y hospitales.
A la satisfacción personal de ir viendo a través de estos documentos el perfeccionamiento del cambio de mentalidad, de creencias, de hábitos en nuestros excelentes médicos, y de formación, aprovechándolos y utilizándolos como un medio para potenciar y mejorar el mutuo diálogo entre médicos y enfermos, se unió la de ver como la institución del consentimiento informado y de la información en sí misma como proceso dialógico, ha experimentado en la jurisprudencia una importante evolución tanto normativa, desde la primitiva concepción del consentimiento informado hasta la actual Ley 41/2002, evolución ésta que, en mi criterio, culmina en la consideración de dicha institución como un derecho directamente conectado con los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y la libertad.
¿Que tuvo que ver con la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias? ¿Cómo fue ese proceso?
Tuve la oportunidad siendo ministra Doña Ana Pastor de participar en su redacción con el jurista Ignasi Pidevall i Borrell, con Jaume Aubía Marimon, entonces director general de Recursos Humanos de Sanidad. Fue un honor poder colaborar en ese periodo ministerial, febril a nivel legislativo, donde se coordinaron los primeros pasos de un Sistema Nacional de Salud con todas las competencias transferidas a las comunidades autónomas.
¿Qué puede decirnos sobre el baremo de Daños Sanitarios? Usted ha expresado su preocupación por la ausencia de un baremo específico en el ámbito sanitario.
En efecto he formado parte de las comisiones encargadas de redactar los anteproyectos de este baremo de Daños Sanitarios, siendo el ultimo el “Anteproyecto de la ley de Baremo de Daños Sanitarios» en 2018.
La importancia del baremo específico de daños sanitarios cobra aún más relevancia con la nueva Ley de Eficiencia Procesal, ya que ambos instrumentos están orientados a mejorar la seguridad jurídica, agilizar la resolución de conflictos y reducir la litigiosidad en los tribunales.
La implementación del baremo de daños sanitarios junto con la Ley de Eficiencia Procesal supondría un avance clave en la justicia sanitaria. No solo se protegerían mejor los derechos de los pacientes, sino que se reducirían los conflictos judiciales y se daría mayor seguridad jurídica a los profesionales sanitarios y aseguradoras.
Para cerrar, háblenos de la Asociación Española de Derecho Sanitario, que usted fundó y es actualmente Presidente de Honor.
Haber fundado y presidido la Asociación Española de Derecho Sanitario, hoy con más de treinta y un años de actividad asociativa, paralela a los mismos años de evolución constitucional en el ámbito de salud, con una intensa actividad divulgativa y de encuentro entre la Sanidad y el Derecho (30 Congresos Nacionales y 3 Internacionales), y su importante aportación en trabajos, artículos, libros, codificaciones e informes para el sector, es algo que cuando haces balance reconforta cualquier esfuerzo que hayas realizado, aunque no individualmente, pues he contado con los mejores compañeros de viaje posibles, en mis juntas directivas.
Su aportación al desarrollo del Derecho Sanitario no solo ha sido a nivel nacional, sino también a nivel internacional ha sido determinante, pues con la aprobación de su protocolo fundacional, de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario, en el año 1999 en la histórica aula Ramón y Cajal del Colegio de Médicos de Madrid, se han ido vertebrando asociaciones de Derecho Sanitario de países hermanos como Chile, Argentina, Perú, Méjico, Portugal, República Dominicana, así como la colaboración con otras entidades como la francesa “ Institut Internacional de Recherche en Étique Biomédicale (IIREB)”, que preside la Profesora de Medicina Legal Anne-Marie Duguet, de la Universidad Paul Sabatier Toulouse, o la Asociación Mundial de Derecho Médico.
Creo sinceramente que la participación de la Asociación en el debate y colaboración en el orden legislativo sanitario a través de su participación en seminarios, jornadas y reuniones sobre problemas candentes en el derecho Sanitario ha sido muy amplia tanto en el ámbito nacional como en el Internacional e incluso en órganos consultivos como el Consejo Asesor de Sanidad, promoviendo y asumiendo compromisos de colaboración con instituciones relevantes como el Defensor del Pueblo, del Paciente, o el Consejo General del Poder Judicial .
En el ámbito docente la creación y Dirección de los Másteres Universitarios en Derecho Sanitario inicialmente de la Universidad CEU San Pablo, y actualmente la Universidad Camilo José Cela ya en su décima primera edición, el Premio Nacional de Derecho Sanitario, en su novena edición y la proyección Iberoamericana de la especialidad, me sigue animando hoy como Presidente de Honor y asociado de base a seguir trabajando en lo que ha sido y es mi vida como el Derecho Sanitario, y aunque el futuro se nos muestre lleno de incertidumbres, a no parar, seguir predicando valores como el del esfuerzo, la productividad, el compromiso, que son las claves para un futuro mejor y para el progreso que debe llevarnos a que los profesionales trabajen seguros, a que los usuarios alcancen un alto grado de satisfacción en los cuidados de salud, a que los juristas, encontremos soluciones simples, justas y asequibles y a que la Administración desarrolle, de acuerdo con las Leyes, las medidas necesarias para que todo eso sea posible y proporcione los medios más adecuados, accesibles y eficaces.
Después de 50 años en la profesión, ¿qué le motiva a seguir adelante?
Pues muy sencillo, me motiva saber que aún puedo aportar mi experiencia y ayudar en lo que pueda y sea posible en la búsqueda de soluciones en un campo en constante evolución como es el Derecho Sanitario. La justicia en salud sigue siendo un reto y un compromiso. Mientras pueda contribuir, y Dios quiera, seguiré adelante.
