El modelo Alzira de Ribera Salud en el Hospital de La Ribera es un ejemplo de estudio y gestión para todos. Así lo ha hecho ver Salvador Sanchís Plaus, director de Recursos Humanos de Ribera Salud, en la mesa de trabajo “retos jurídicos en la reversión de los servicios públicos” en el marco del XXIV Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Precisamente la reversión que se producirá el 31 de marzo de 2018 ha sido el núcleo del debate, en el que han aparecido más dudas que realidades sobre esta inminente situación.
Tras casi 20 años de gestión, Sanchís Plaus ha explicado que “se trata de un proceso de reversión sin antecedentes y que está sujeto a un debate en el que se contradicen los informes de la administración valenciana, ya que la misma evalúa la gestión como un modelo eficiente”.
Ejemplo de ello, según Sanchís Plaus, los trabajadores de Alzira “tienen unas garantías que no disfrutan el resto de trabajadores de la administración pública”. “Mayor estabilidad, mejores retribuciones, mejores incentivos, o el reconocimiento de la carrera profesional para los trabajadores temporales, -en la administración pública no se reconoce esta condición-, o mantener al casi el 90 por ciento de su personal en categoría de indefinido, son algunos de los ejemplos sobre los que se fundamenta el modelo de Ribera Salud”, explica.
Según los datos expuestos por el director de Recursos Humanos, “Ribera Salud tiene el mejor convenio colectivo firmado en España, que deberá ser mantenido por la Consejería de Salud valenciana, mínimo hasta el 31 de diciembre de 2018, fecha en la que se extinguiría”. Este aspecto más jurídico que administrativo ha sido aclarado por Manuel Alegre Nueno, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha explicado las complicaciones legales que trae la reversión del modelo Alzira, tanto para los trabajadores como para los ciudadanos.
Marco jurídico
Desde un análisis estrictamente técnico-jurídico, afirma Alegre Nueno en su intervención, “el futuro es negro para este proceso”. El magistrado explica que la normativa que regula la reversión ha cambiado con la entrada en vigor la Ley de Presupuestos de 3/2017, en concreto en su disposición 26 la cual implica las “limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público”. Dicha disposición se establece a raíz de las denominadas remunicipalizaciones que permitían pasar el personal indefinido no fijo a personal público.
Esta disposición es la que afectará directamente al marco jurídico del personal de Alizara. “¿Qué significa el artículo 44 del Estatuto de los trabajadores? La aplicación de esta norma tiene tres grandes efectos. En primer lugar, la Generalitat se subroga en los derechos y obligaciones que tenía la empresa, tendrá responsabilidad solidaria de las obligaciones laborales y el mantenimiento del convenio colectivo en vigor, que en este caso la Consejería de Sanidad debe cumplir, salvo que se negocie un nuevo acuerdo antes del 31 de diciembre de 2018”, subraya Alegre Nueno.
Si de por sí la situación es compleja, el experto en Derecho del Trabajo suma una hipótesis más. “Si no se renegocia el convenio, este entrará en marcha de “ultraactividad”, ya que a los trabajadores de Alzira no se les podrá imponer el convenio colectivo laboral de la Generalitat Valenciana. Además de la problemática que supone de por sí cumplir el convenio laboral con las condiciones acordadas y fijadas por Ribera Salud, en el que se contempla una subida salarial del 2 por ciento y el incremento de plazas indefinidas. Supuestos que la Generalitat no puede asumir por presupuestos”, recalca.
¿Y el trabajador?
El presidente de CSIF, Miguel Borra Izquierdo, ha explicado que “la figura del personal indefinido no fijo perderá el carácter que tenía hasta el momento con la aprobación de la ley 3/2017. Esto aviva aún más la incertidumbre al no saber cuál será el futuro de estos trabajadores”, señala el sindicalista.
En esta línea, Borra califica la decisión de no prorrogar la concesión con Ribera Salud de una “decisión política”. “Para nosotros la nueva gestión deberá mantener y garantizar los puestos de trabajo, mantener la cartera de servicios, no incrementar el coste del servicio sanitario, en caso contrario actuaremos”, concluye el presidente de CSIF.
