El pasado 16 de noviembre, Ofelia de Lorenzo inauguró el XXIX Congreso Nacional de Derecho Sanitario, una cita anual que reúne a expertos para debatir las novedades ético-jurídicas que marcan el desarrollo de la sanidad y sus profesionales, tras la entrada en vigor de leyes como las que regulan el olvido oncológico o la inteligencia artificial, entre otras cuestiones.
La abogada se cita con EL ESPAÑOL para celebrar el éxito de la nueva edición, la primera en la que participa como presidenta de la Asociación Nacional de Derecho Sanitario. En el congreso, explica, «hemos abordado temas novedosos, y también otros que venimos reivindicando desde hace tiempo, porque en España contamos con normativa sanitaria muy buena, pero desactualizada» en algunas cuestiones y «precipitada» en otras.
En un contexto aún marcado por los efectos de la pandemia en la percepción de los españoles sobre sus instituciones, De Lorenzo insiste en la importancia de colaborar para preservar la calidad del derecho sanitario. «Es necesario que a nuestros legisladores les asesoren profesionales expertos en la materia, no se puede tratar un tema sanitario como si fuera político. Debemos reunir las herramientas y a todos los actores para dar soluciones sólidas».
La abogada recuerda los desafíos a los que se enfrentaron los profesionales del sector durante la crisis de 2020. «No contábamos con normativa suficiente que nos permitiera afrontarla». Ni siquiera, explica, la telemedicina —a la que los españoles recurrieron hasta en 2,5 ocasiones de media aquel año—, estaba preparada a nivel jurídico para hacer frente desde el principio a las demandas de la pandemia.
Desde entonces se ha avanzado a pasos agigantados, y los retos han pasado a ser otros. Para abordarlos, este año, el congreso promovido desde la AEDS ha contado con una mesa integrada por investigadores en derecho sanitario. Un perfil profesional más demandado ahora que nunca y que, asegura De Lorenzo, es clave en el «tratamiento y el estudio de asuntos punteros».
El fomento de la investigación, así como la implicación de universidades y sector privado en el desarrollo del derecho sanitario, es «fundamental», recalca. También lo es la creación de talento nacional, indispensable, por ejemplo, para hacer frente al riesgo de vivir nuevas pandemias y los retos tecnológicos que marcan el futuro de la sanidad, como la IA. Desde la AEDS promueven la formación en España «con el máster universitario de Derecho Sanitario en la Universidad Camilo José Cela, que ahora comienza su duodécima edición».