- Esta edición ha registrado 700 inscripciones lo que, en palabras de la presidenta de la AEDS, Ofelia De Lorenzo, supone “un hito en nuestra asociación gracias al trabajo de la junta directiva en el programa del Congreso, y a la incorporación de temáticas y ponentes de altísima relevancia en los ámbito jurídico-sanitario”.
- La reforma de la Ley 35/2015 y sus implicaciones en la Responsabilidad Civil Profesional Sanitaria fueron uno de los temas de la primera jornada del Congreso.
- Entre otras normativas, se debatió acerca de la seguridad y la protección jurídica de las personas dependientes, sobre todo en relación a la tramitación parlamentaria de la Ley ELA.
- Además, la integración del sector farmacéutico en el marco normativo en salud pública ha sido una de las propuestas de esta edición.
Madrid, 11 de noviembre de 2024. – Las recientes reformas legislativas han tenido un espacio propio dentro de la programación del XXX Congreso Nacional de Derecho Sanitario, edición con récord de asistencia, en diferentes mesas y talleres de trabajo en las que han participado expertos de ámbitos dispares.
En la primera jornada del Congreso se debatió acerca de la reforma de la Ley 35/2015, sobre cómo afecta esta a la responsabilidad civil sanitaria y sobre la importancia que tiene la interpretación de los datos. “Un breve repaso de las reformas de inmediata implementación en dicha Ley (pendiente únicamente de un trámite parlamentario) desde el punto de vista jurídico, médico y actuarial”, en palabras de Carlos Represas, director de Innovación del Departamento de Pericia Compleja en PROMEDE y director de la mesa, quien ha querido destacar la importancia de este tema: “la generalización del uso de la Ley 35/2015 como herramienta para el cálculo de las indemnizaciones por RC Profesional Sanitaria, y sobre todo en los casos más graves (secuelas neurológicas graves, amputaciones), está dando lugar a indemnizaciones millonarias con gran repercusión en los medios de comunicación”.
La Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, aprobada por unanimidad en el Congreso y en el Senado y que cuenta con un gran apoyo de toda la sociedad española, ha sido uno de los temas abordados en la segunda jornada del Congreso, en la 11ª mesa redonda patrocinada por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España. “Una Ley que desde el día siguiente de su publicación en el BOE es de aplicación para los pacientes ELA, pero que aún está pendiente de que el Gobierno le asigne una dotación económica”, ha explicado Elvira Velasco Morillo, vicepresidenta de la Comisión de Sanidad GPP en el Congreso de los Diputados. “Estamos hablando de una enfermedad que no tiene cura a día de hoy. Su tratamiento es paliativo y de rápida evolución, con una comorbilidad de difícil gestión para personal no especializado y una dependencia de los demás de 24h, y más cuando les hacen una traqueotomía. Dejarlos solos supondría la muerte. Las personas que la padecen mantienen su capacidad cognitiva, pero su parálisis facial no les permite expresarse ni moverse”, ha explicado. Es por esto, que la ley debe hacer frente, según añade, a todas los requerimientos de estas personas: la existencia de una financiación específica, cuidados de enfermería especializada de hasta de 24 horas en los casos de alta dependencia, rehabilitación domiciliaria y atención socio-sanitaria específica, reducir los periodos de aceptación de las solicitudes de incapacidad laboral y de dependencia, protecciones efectivas de la situación laboral de cuidadores y cuidadoras, así como la creación de un área específica de investigación para la ELA.
Ana Bosch, directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria y directora y moderadora en la quinta mesa redonda ‘La evaluación de tecnologías sanitarias: retos y perspectivas de la nueva regulación’, ha remarcado las cuestiones que deberían ser objeto de mejora en el proyecto de RD de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: “clarificar las interrelaciones de este proyecto con el futuro RD de financiación y el precio anunciado por el Ministerio de Sanidad, y, en particular, aclarar que la financiación se tramita simultáneamente a la evaluación y no de forma sucesiva”. “Con la finalidad de dar cumplimiento al Reglamento HTA y evitar reevaluaciones innecesarias debería especificarse que, si existe evaluación europea, solo se hará una evaluación adicional en el ámbito español si es necesaria y, para que no se dupliquen las realizadas en el ámbito regional o local (a través de comisiones farmacoterapéuticas regionales u hospitalarias), debe indicarse de forma expresa que las evaluaciones nacionales serán vinculantes para todo el SNS”, ha indicado.
“Resulta necesario -añade Bosch- suprimir en el texto la obligación por parte de las compañías farmacéuticas de aportar los costes de producción, investigación y desarrollo, así como de las fuentes de financiación de estos costes. (…) Es muy difícil disponer de la información que se solicita, especialmente los costes de I+D, ya que la investigación de un medicamento se inicia más de diez años antes de su autorización, se desarrolla en un gran número de países y habrá muchos costes comunes y compartidos del laboratorio desarrollador que será extremadamente complejo atribuir en un periodo de investigación tan largo”, ha afirmado.
“El XXX Congreso de Derecho Sanitario ha incluido mesas redondas, coloquios, talleres de trabajo y presentaciones, entre otras actividades, para ofrecer una completa perspectiva multidisciplinar sobre temas muy relevantes y actuales para el sector”, ha señalado Ofelia de Lorenzo, presidenta de la AEDS. Es por ello que han tenido protagonismo diversos sectores dentro del ámbito jurídico-sanitario, entre los que se encuentra el sector farmacéutico.
Así se ha explicó en la 9ª mesa redonda ‘Nuevo marco normativo en salud pública: una oportunidad para integrar la farmacia’, donde Álvaro Echevarría, director de Asesoría Jurídica del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, destacó que “la farmacia puede desempeñar un papel más activo en las políticas de salud pública, en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades de forma regular, estructural y de implantación en todo el territorio nacional, aprovechando su amplia capilaridad, accesibilidad a los ciudadanos y su condición consolidada de red organizada para la colaboración con el SNS, sin que quede limitada a campañas puntuales y específicas de ámbito autonómico. Todo ello garantizando la adecuada gestión de los datos de los pacientes con los mayores estándares de seguridad y confidencialidad”.
El XXX Congreso de Derecho Sanitario concluyó siendo el de mayor asistencia en la historia de la AEDS, “un hito en nuestra asociación -tal como señaló su presidenta Ofelia de Lorenzo- gracias al trabajo de la junta directiva en el programa del Congreso y a la incorporación de temáticas y ponentes de altísima relevancia en los ámbito jurídico-sanitario”.
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