La OMS viene insistiendo en la prioridad que debe otorgarse a las políticas de prevención de enfermedades y promoción de la salud y ha señalado que, en general, los Gobiernos se hacen eco de este llamamiento, pero más en el terreno de las declaraciones que en el de la legislación y de las dotaciones presupuestarias.
Este asunto se abordó en la mesa ‘Vacunación. Regulación pública en España. ¿es posible mejorarla? Las vacunas y las enfermedades en un mundo globalizado’, en el marco del XXVI Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que ha organizado la Asociación Española de Derecho Sanitario, que preside Ricardo De Lorenzo, celebrado en Madrid.
En la sesión participaron como ponentes César Cierco, doctor en Derecho de la Universidad de Boloña y Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Lleida; Ángel Hernández, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría; y Rogelio López Vélez, coordinador de la Unidad de Referencia Nacional para Enfermedades Tropicales del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.
Salud Pública
Los expertos destacaron la importancia de la vacunación como una de las medidas más importantes en salud pública para la prevención de enfermedades infecto-contagiosas. Enfermedades como el sarampión o la polio, prácticamente erradicadas, han vuelto a tener algunos repuntes en zonas donde no se alcanzan altas tasas de vacunación y afectan especialmente a los países más desfavorecidos.
En la mesa, que tuvo una gran acogida, también se analizaron las enfermedades transmitidas por vectores, como es el caso de la leishmaniosis. En este caso, al no existir vacuna para el ser humano, es importante la vacunación en el reservorio principal, que es el perro, para el cual sí existen vacunas. Esto deriva del concepto ‘one health’, en el que hay que considerar la salud como un triángulo cuyos vértices son: salud humana, salud animal y medioambiente, estrechamente interrelacionados.
Por último, tras la mesa se celebró un fructífero debate en el que se abordó la necesidad de regular el sistema actual de vacunación en los distintos países. Las administraciones tienen que liderar la vacunación, patrocinar y no pueden ser laxas. Desde el punto de vista jurídico, prima el bien superior del menor.