La justicia ha vuelto a poner en jaque la difusión de las consideradas como pseudociencias, esta vez dentro del ámbito docente. La sentencia dictaminada por el Juzgado de Primera Instancia de Guadalajara supone un espaldarazo a los médicos que decidieron denunciar la cobertura académica que se estaba dando en la Universidad de Alcalá de Henares dado su «alto riesgo sectario».
En concreto, el tribunal decidió desestimar por completo la demanda presentada de forma anónima contra quienes denunciaron este hecho, como es el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) y cinco facultativos, entre los que figura el médico de Familia Vicente Baos, en relación a los cursos de verano impartidos en este centro sobre Bioneuromeción en el campo de la Fisioterapia.
Esta, es considerada por la profesión médica como una pseudoterapia de riesgo sectario al negar la existencia de las enfermedades propiamente dichas y considerarlas una proyección mental. Es decir, asume que controlando las emociones, a modo de poder mental, se pueden controlar prácticamente todo tipo de enfermedades, incluyendo el cáncer.
«Algo que es falso y que irremediablemente puede llevar a sus seguidores, que se cuentan por miles», denuncia Elena Campos, presidenta de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (Apetp).
El peligro de esta «estafa formativa» es doble, advierte, ya que los que reciben esa formación, con un coste de 600 euros en el caso expuesto, pueden ser futuros profesionales sanitarios a los que «engaña haciéndoles creer que prácticas inútiles son eficaces» y puede llevarles a «una mala praxis profesional futura con impacto directo en la calidad asistencial a los pacientes».
En caso de duda, Campos señala el cumplimiento normativo: únicamente aquello con demostrada utilidad terapéutica puede ofrecerse como tal. Ignorarlo puede derivar en un bucle profesional que parte de la «deformación desde la academia y pasa a la normalización de prácticas inútiles que el paciente, a su vez, confiado en su profesional de referencia, acepta en un acto de fe».
Una vez analizado el conflicto entre el derecho al honor y los derechos de libertad de expresión e información, el juez considera que no se ha producido una «intromisión ilegítima» en el honor de las demandantes ya que su descripción de las «terapias alternativas» no puede verse como «peyorativa u ofensiva».
La explicación hace referencia, en concreto, a términos como «curanderos o charlatanes», utilizados para referirse al cuerpo docente de los cursos, los cuales «no pueden entenderse como injuriosos o insultantes cuando se utilizan para definir una práctica carente absolutamente de rigor científico» a juicio de la asociación.
En la sentencia, que condena a pagar los costes a los denunciantes, el propio juez descarta que afecten al honor teniendo en cuenta la «problemática que plantean las terapias naturales» y superpone la labor del artículo a la hora de «alertar del peligro que supone la utilización de dichos métodos curativos».
Es decir, entiende que criticar las terapias alternativas, ya sea de manera general o específica a una determinada, no implica per sé un ataque al honor de las personas que practican o son seguidores de la misma.
«Dirigir una crítica o censura, por despiadada o implacable que sea, frente a ideas, corrientes de pensamiento o prácticas, en sus más diversas modalidades, no puede infringir el derecho al honor, que por esencia se predica de personas concretas e individualizadas», corrobora Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y director de los Servicios Jurídicos de la Organización Médica Colegial (OMC).
Más que una falta, el letrado entiende que la controversia parte de la disputa entre los partidarios de la medicina convencional frente a los que entienden y difunden terapias alternativas, que propugnan métodos de curación, sanación o de bienestar personal basados en postulados diferentes.
El veredicto va incluso más allá al señalar que nadie puede presentarse como representante, defensor o valedor de cualquiera de las terapias alternativas ni de sus diversas técnicas a la hora de concebir como propia una crítica. «El honor se predica de la personalidad del sujeto pero no alcanza a sus ideas», explica De Lorenzo, por lo que no habría ataque a no ser que se «se concrete e individualice en persona o personas identificadas».
Asimismo, no existe ninguna alusión directa a los demantantes en las publicaciones del Observatorio de la OMC, como en la de RedUne, grupo interdesciplinar que colabora con dicho organismo. Hubiera sido improcedente, de igual manera, condenar directamente a este observatorio al no tener este personalidad jurídica propia.
En cualquier caso, el de la Bioneuroemoción no es el único curso formativo detectado en universidades públicas, advierte Campos, acostumbrada desde su organismo a denunciar públicamente con asiduidad casos de este tipo. Y es que la presencia de las pseudociencias en el ámbito educativo supone, afirma, «un grave problema con años de historia y difícil solución dado el corporativismo interno de la universidad».
El peligro que esconden los «títulos propios»
La mayoría llegan a oídos de la asociación a través de denuncias en redes sociales o vía mail aunque también es posible identificarlos a través de rastreos web. «Muchas veces nos contactan porque les suena raro lo que se ofrece, más propio de la charlatanería que de una formación seria», indica, tras asegurar que los títulos no oficiales «suelen colarse y ofrecerse bajo el paraguas de los títulos propios.
Con ello se activa el protocolo habitual para poner el caso en manos de la institución correspondiente, informando a su vez a loss colegios de profesionales sanitarios, consejerías de sanidad y/o educación e incluso ayuntamientos que tengan responsabilidad en cuanto a la realización de estas charlas o prácticas.
Aún así, reconoce que «no es fácil que una institución reconozca su co-responsabilidad ni mucho menos que actúe con la diligencia que merece; de ahí la necesidad social de recordárselo e instarlos a cumplir la normativa vigente en materia de calidad asistencial y, por supuesto, formativa», recalca la investigadora en Biociencias Moleculares (Biomedicina). del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.
«No podemos permitirnos denigrar a la Medicina, y a toda la ciencia que hay detrás, admitiendo este tipo de cursos en pseudociencias», reclama, recordando a su vez aque la formación especializada en materia sanitaria «debe ser oficial y reglada» para que no sea considerada «una falacia o una farsa inservible.»
En este sentido, considera que el Plan de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias aprobado en 2018 es «papel mojado mientras no se manifieste en la práctica». Prueba de ello son la mayoría de las 72 pseudoterapias reconocidas en 2019 por el Ministerio de Sanidad que se siguen ofreciendo a día de hoy.
