El debate sobre contratación pública en el sector sanitario del XXIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario ha desembocado en una discusión entre la representante de Farmaindustria y el del Instuto Nacional de Gestión Sanitaria sobre la idoneidad de publicar los precios unitarios en los contratos públicos de medicamentos.
Lourdes Fraguas, secretaria general de Farmaindustria, ha defendido esta confidencialidad en las licitaciones públicas porque “a veces el miedo a otros precios hace que muchas empresas no se presenten y no se encuentren los mejores precios o la mejor solución”. Además, considera que, de publicarse, esto daría la pista a otros países y sería negativo para la competencia entre empresas.
La defensa de la transparencia en lo que a precios se refiere ha venido de José Julián Díaz Melguizo, director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa): “Nosotros estamos obligados (por una directiva europea) a publicar las adjudicaciones”. Además, ha afirmado no sentirse preocupado por que no salgan los precios unitarios: “Si se publica el volumen y el precio final, se puede sacar el precio unitario con una simple calculadora”.
Para la representante de Farmaindustria, el hecho de que “se publique el precio unitario restringe las posibilidades de las empresas”, debido a que “el ministerio de Sanidad fija el precio y encima estás en un proceso de tener que negociar y ofrecer mejores condiciones”.
Sobre este aspecto Díaz Melguizo ha reconocido que el Ingesa “a lo mejor no ha sabido transmitir que el precio fijado no es el del medicamento, sino que responde a necesidades de un momento determinado”. Así, ha reconocido que los países “observan los precios y van ajustando” y ha concluido que se trata de “un debate abierto que habrá que ir viendo en los próximos meses”.
