Las listas de espera son, en mayor o menor medida, un problema que comparten todos los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas. En el caso de las pruebas diagnósticas, Cataluña por ejemplo registró en 2015 un 16,25 por ciento más de reclamaciones por una demora excesiva. Asturias, el pasado mes de agosto tenía más de 30.400 personas esperando para hacerse una prueba.
Son muestras de un problema latente, agravado por la falta de inversión de los últimos años, los ajustes presupuestarios o también llamados ‘recortes’. El resultado: que muchas personas opten por acudir a un centro privado para hacerse esa prueba que tanto tarda y aligerar las cosas. Pero, ¿hasta qué punto está obligado el médico a aceptar como válidas estas pruebas?
