La iniciativa fue defendida por la senadora Maribel Mora con el fin de dar respuesta tanto a los problemas sanitarios que padece la población reclusa en España como los aspectos laborales relacionados con los profesionales sanitarios que se ocupan de dichos pacientes.
En la moción aprobada se exige que se cumpla la legislación vigente llevando a cabo la transferencia con su correspondiente traspaso presupuestario. Como se recuerda en el texto presentado por Unidos Podemos, dicha transferencia fue contemplada hace ya más de una década y que en la práctica sigue sin aplicarse. «Ese es el tiempo que lleva en vigor la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que preveía un plazo de 18 meses para la transferencia a las comunidades autónomas de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias, para completar así su plena integración en los diferentes servicios autonómicos de salud», según se indica.
Esta transferencia efectiva de competencias -se añade- debería haberse completado antes del 30 de noviembre de 2004. Sin embargo, tan solo en País Vasco y Cataluña han tramitado esta transferencia de competencias. La realidad en el resto de territorios del Estado es bien distinta y se regula, a pesar de las leyes aprobadas, en base a una serie de convenios firmados entre las diferentes autonomías e Instituciones Penitenciarias de cuya aplicación sólo se observan numerosas deficiencias y que en la actualidad no están en vigor.
Según datos de Unimos Podemos, en la actualidad hay más de 60.000 personas cumpliendo condena en las diferentes prisiones del Estado, muchas de las cuales gozan de muy mala salud. Se estima que un 40% padece trastornos mentales y no recibe un tratamiento integral acorde a sus necesidades. La tuberculosis es otra de las enfermedades frecuentes en las prisiones y la hepatitis presenta unas tasas de incidencia en torno al 25% . De la misma forma, mientras que la tasa de infectados por VIH se sitúa en el mundo occidental entre el 1,5 y el 3%, más del 10% de la población reclusa padece esta grave enfermedad.
Al respecto, la senadora de Podemos, Mora, denunció que actualmente existe un «complejo entramado burocrático para que los reclusos reciban el tratamiento sanitario que necesitan, hasta el punto de que algunos tardan hasta un año y medio en tener tan solo un diagnóstico para sus patologías, cuando una persona libre lo recibe en tan solo cuestión de semanas.
