El Comité de Bioética de España se pronunció en favor de las personas con discapacidad e instó a modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para reconocer su derecho de sufragio sin restricciones, al tiempo que pide adaptar la normativa a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Con motivo de esta conmemoración, Unión Profesional manifiesta, un año más, su compromiso con la mediación y continúa trabajando por su impulso y en defensa de la calidad, tanto de los mediadores como de las instituciones de mediación, la formación ofrecida y los códigos de conducta que custodien su conducta como mediadores.
Desde Unión Profesional se considera, asimismo, que las organizaciones colegiales, en su actuación como instituciones de mediación y en su quehacer diario como corporaciones de derecho público, volcadas en la protección de los consumidores y usuarios de los servicios profesionales y en la excelencia profesional, son actores clave para paliar las dificultades detectadas en la implantación de este mecanismo y han de trabajar, como vienen haciendo, en la promoción adecuada y con garantías de la mediación.
Como soportes normativos, UP recuerda que en España se cuenta con diferente materia legislativa: la Directiva 2008/52/CE sobre determinados aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles; la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, resultado de la trasposición de la Directiva (aunque coexistían desde años previos normativas específicas, especialmente sobre mediación familiar a nivel autonómico, es la ley 5/2012, la primera ordenación jurídica nacional sobre la mediación civil y mercantil); y finalmente, la norma de desarrollo, el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, que de forma más detallada se refiere a la resolución de conflictos sobre reclamaciones de cantidad, los requisitos en materia de formación exigidos a los mediadores o la verificación del cumplimiento de los mismos.
