De Lorenzo analiza los retos y experiencias jurídicas ante la emergencia sanitaria del COVID19
Ricardo De Lorenzo, presidente de De Lorenzo Abogados y presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, ha impartido una sesión científica, como académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina de España, en la que ha analizado los retos y experiencias jurídicas ante la emergencia sanitaria del #COVID19.
Ha recordado que, en el año 2016, en el marco del XXIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, “nos adelantamos estudiando los problemas jurídicos asociados a las grandes crisis sanitarias”. Los profesores Íñigo de Miguel Beriaín, Cristóbal Belda, Fernando José García López, Emilio Armaza, y Ricardo De Lorenzo lanzaron entonces un urgente aviso sobre la necesidad de una estrategia enfocada a trazar un marco ético-jurídico que diera una respuesta global a todas las grandes crisis sanitarias que pudieran presentarse en un futuro, ante la grave ausencia en nuestro país de un marco legislativo actualizado para poder luchar con eficacia contra estas crisis.
“La actual pandemia nos ha mostrado que teníamos razón, y vivimos con la cruda realidad, de que ahora todo se determine entre interpretaciones judiciales, lagunas legislativas, episodios de caos autonómicos, confinamientos perimetrales y agravios comparativos entre comunidades”, ha asegurado.
De Lorenzo ha expuesto que «una crisis sanitaria como la de la COVID 19 necesita leyes estrictas y precisas, no 17 criterios autonómicos diferentes». Asimismo, ha argumentado que «la pandemia ha puesto de manifiesto la ausencia de herramientas necesarias que garantizasen la seguridad jurídica».
«Normativamente no estamos preparados para una nueva pandemia. Seguimos sin tener un marco ético y jurídico», ha lamentado. Uno de los problemas fundamentales es que “nuestros esquemas normativos responden, en general, a una fórmula basada en el individuo como paciente. De ahí que existan diferencias jurídicas sustantivas en muchos sentidos, entre la protección que se otorga a quien ha adquirido ya la condición de paciente y a quien todavía no se considera como tal, por más que su estado requiera de una asistencia sanitaria urgente”.
Ha concluido que “es necesaria una estrategia desde el Derecho Sanitario enfocada a trazar un marco ético-jurídico que dé una respuesta global a todas las grandes crisis sanitarias que puedan presentarse en el futuro, cambiando las actuales incertidumbres por mínimas certezas, aun siendo plenamente conscientes de que, pese a ello, siempre surgirán situaciones imprevistas”.
