El Gobierno central quiere cerrar Madrid y todas aquellas localidades de más de 100.000 habitantes que superen los umbrales que el ministro Salvador Illa anunció el pasado martes, pese a no alcanzar el consenso de esas medidas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), debido a la crisis del coronavirus Covid-19. Esta posición despierta más dudas que certezas entre los expertos jurídicos, que tachan esta orden como “una obra de ingeniería jurídica”.
Ricardo De Lorenzo, presidente de la AEDS, explica a Redacción Médica que esta norma “no es una orden ministerial, tal y como explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, sino que es una resolución. Y es que llama la atención que con una resolución se pueda restringir derechos fundamentales. Para ello, sería necesaria la concepción de una ley que limite esos derechos”.
