Un juzgado de lo Penal de Valencia condenaba hace apenas cinco meses a la dueña de una clínica que, sin ser facultativa, realizaba tratamientos estéticos a pacientes con ácido hialurónico. No se trata de un caso aislado: “Se pensaba que este tema estaría resuelto tras el pronunciamiento en 2021 del Tribunal Supremo, pero parece que queda todavía por hacer”, ha asumido Ricardo De Lorenzo, presidente del bufete De Lorenzo Abogados, durante el transcurso de la XXIX edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Un evento en el que representantes del ámbito jurídico y médico han reivindicado un mayor control del intrusismo profesional a través de la figura de los ‘inspectores’ sanitarios, así como la judicialización de todos los casos que puedan poner en riesgo a los pacientes.
El relativo al intrusismo ha sido, de hecho, el principal foco de debate del encuentro de asesores jurídicos que se ha celebrado en el marco del XXIX Congreso de Derecho Sanitario, organizado por la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS). El acto ha sido inaugurado por el propio De Lorenzo y por Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que ha puesto el énfasis sobre la “desdibujada naturaleza jurídica de las organizaciones colegiales” frente a este tipo de situaciones.
Aumento de casos de intrusismo laboral
A este respecto, José María Mora, asesor jurídico en el Colegio de Médicos de Huelva, ha defendido la necesidad de que el colectivo “una” para paliar el intrusismo en la disciplina médica. “Nos jugamos mucho en esto. Faltan más actuaciones judiciales”, ha incidido.
El abogado andaluz ha recordado el caso de una enfermera que realizaba también rellenos dérmicos sin intervención médica en ningún momento del procedimiento. Esta profesional, que llegó a atender a 52 pacientes, tuvo que cerrar su negocio tras una inspección médica. En Pamplona, ha apuntado otro de los facultativos presentes en el encuentro, un centro de cirugía plástica aseguraba tener a una cirujana plástica italiana. “Luego, al investigar, se veía que ni siquiera estaba colegiada aquí”, ha explicado.
En palabras de Mora, la clave para atajar este tipo de conductas radica en que se produzca una “reacción inmediata”. La ley, ha señalado, está inclinada a su favor: no solo hay un real decreto que regula los productos sanitarios que están sujetos a la prescripción médica, sino que el Tribunal Supremo ya se posicionó en favor de que la prescripción de medicamentos en el ejercicio de la estética es un ejercicio médico.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) y el Consejo General de Dentistas, ha recordado el jurista, ratificaron este sentir en un convenio marco contra el intrusismo en el que ya llamaban a “impulsar asuntos de interés común” ante la “detección del aumento de casos en el ámbito de tratamientos estéticos en general y de estética fácil en particular”.
Intromisión en la autonomía de los consejos sanitarios
La segunda controversia que se puso encima de esta reunión médico-jurídica fue la relativa a la directiva europea sobre el test de proporcionalidad previo a la adopción de nuevas regulaciones de profesiones. Tal y como informó Redacción Médica, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital propuso modificar esta normativa mediante real decreto para atribuir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la potestad de evaluar los códigos deontológicos de las organizaciones.
Un extremo que el propio Tomás Cobo rechazó tras advertir que los códigos deontológicos no son disposiciones legales o reglamentarias que introduzcan o modifiquen requisitos para el acceso a las profesiones reguladas o su ejercicio.
En palabras de Luis Calvo, profesor de Derecho en la Universidad de Burgos, “todas las organizaciones” del ámbito de la sanidad “se han posicionado claramente en contra” de este real decreto. La única salida, ha justificado, es la “reconversión” de la norma.
“Muchas organizaciones han pedido la retirada por su falta de base legal. Yo lo que pienso es que tal vez haya una modificación del proyecto para incorporar medidas más razonables”, ha indiciado Calvo. En este sentido, ha apuntado que la opinión generalizada “es contraria a ese derecho de supervisión externa” a través de la CNMC. “Lo mejor podría ser que existiera un control de los propios consejos y colegios”, ha defendido.
