Entre gestores y políticos, la efectividad y la seguridad de las vacunas está fuera de toda duda, al igual que los criterios y causas para aprobar su financiación pública e inclusión en el calendario vacunal. Solo la ciencia y la evidencia clínica tienen influencia en esta decisión, no los presupuestos.
Esta opinión está sostenida incluso por los rivales políticos del Gobierno. José Martínez Olmos, senador del PSOE y portavoz de esta formación en la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta, considera que en vacunas “el problema no es de financiación, sino de si hay evidencia científica suficiente para que haya consenso sobre su inclusión en el calendario”.
En este sentido, avala la estrategia que sigue el Gobierno en el campo de vacunas. “Creo que España tiene una magnífica política de vacunas, que se lleva desarrollando desde hace muchos años como una política de Estado. Podemos presumir de estar en el club de países más avanzados en prevención de enfermedades La reflexión es cómo mejorar.
El planteamiento ha sido compartido por Elena Andradas, directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, en el marco del debate sobre vacunas patrocinado por MSD celebrado en el XXIV Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que ha recordado que “tenemos unos de los calendarios vacunales más completos entre los países de la Unión Europea”.
Ha informado además, de que los criterios que permiten la inclusión de antígenos en el mismos son una serie de evaluaciones basadas en la carga de la enfermedad, la efectividad y seguridad del producto, las repercusiones de la modificación en el programa de vacunación, los aspectos éticos y el análisis económico, es decir, su coste efectividad.
Andradas, además, ha aportado datos sobre el efecto que han tenido sobre los precios de las vacunas los sucesivos acuerdos marco para compras centralizadas nacionales, puesto en marcha desde 2010, con reducciones de costes de hasta el 51 por ciento (como es el caso de la vacunas del virus del papiloma humano) hasta el presente 2017.
Ha destacado así mismo cómo las comunidades autónomas que no han participado en estos concursos estatales han logrado “un beneficio directo de la fijación de un precio máximo del acuerdo nacional”, con disminuciones en los precios de los antígenos por encima del 25 por ciento, que fue el caso de Cataluña en 2014.
Infrafinanciación
Sin embargo, David Cantarero, economista de la salud y profesor en la Universidad de Cantabria, ha recordado que “no somos precisamente un país en el que esté creciendo la inversión. Existe un problema de infrapresupuestación en España, comparado con otros países”.
En cambio, a Jesús Aguirre, senador del Partido Popular, le preocupa “la banalización de la vacunación, incluso entre los profesionales sanitarios”, ha asegurado. “Hay personas que hablan de sus efectos adversos apoyándose en pseudociencias… Habría que atajar el asunto desde el punto de vista político”.
Por otro lado, Andradas ha reconocido que «ahora estamos en una nueva etapa» en la central nacional de vacunas. «Con el último acuerdo marco (con vigencia hasta 2019), nuestro objetivo fundamental es garantizar el suministro de vacunas en nuestro país» y dar «mayor estabilidad y seguridad para la planificación del suministro», que ha pendido de un hilo en los casos de la tos ferina y la difteria en los últimos tiempos, por ejemplo.