El diario LA RAZÓN ha entrevistado a Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, con motivo de la celebración de la XXIV edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que cada mes de octubre se realiza en la sede del Colegio de Médicos de Madrid.
Acaba de concluir el XXIV Congreso Nacional de Derecho Sanitario, del que es presidente del comité organizador. ¿Cuáles han sido los temas más destacados?
-Hemos tratado todas la cuestiones que constituyen actualidad en estos momentos, véase la gestación por sustitución, la repercusiones que va a tener el nuevo reglamento europeo de protección de datos o el seguro de responsabilidad civil profesional en el escenario actual.
-Dice que han hablado sobre la gestación por sustitución…
-Este es un tema que hemos llevado al congreso porque echábamos de menos un debate profundo entre los juristas. Lo primero que hemos tratado es su incorrecta denominación popular como maternidad subrogada o vientre de alquiler. La propia ley de técnicas de reproducción humana asistida establece el término de gestación por sustitución. Ésta es la denominación correcta porque la mujer que actúa como gestante precisamente gesta un hijo para otro y hablar de maternidad sería incorrecto ya que el término engloba una realidad mucho más extensa que la gestación; y la palabra sustitución significa que se gesta para otro y por otro que no puede hacerlo. En cuanto a subrogada, su significado se asocia a los supuestos en los que la gestante aporta ambas cosas: gestación y material genético.
-¿Y qué conclusiones han sacado?
-Fundamentalmente, que el deseo de las parejas estériles debe ser escuchado por la sociedad y si es posible regularse, pero debiendo trabajarse también en la creación de un marco regulado internacional común, como se viene haciendo en el ámbito de la adopción o la donación de órganos. Sin embargo, y esto es muy importante, no todos los deseos de los adultos deben ser considerados como derechos, máximo si eso implica lesiones a la dignidad y los derechos de otro sujetos implicados, especialmente las mujeres más vulnerables y los hijos.
-¿Cree que en España, como ya sucede en países como EE UU, está aumentando la judicialización de la Medicina y se está yendo hacia una medicina defensiva?
-No. No podemos hablar de medicina defensiva en España. Es cierto que se está explorando, al margen del seguro de responsabilidad, un sistema de mediación o resolución de conflictos. Es necesario humanizar todo esto e intentar, por todos los medios, desjudicializar el sector sanitario. La especificidad de lo sanitario exige, y esta es una de las conclusiones a las que ha llegado en congreso, un método alternativo de resolución de conflicto diferente de la intermediación, toda vez que el tercero debe convertirse en un servicio facilitador. Se ha puesto de manifiesto la importancia de los procesos dialógicos y, en este proceso facilitador, es necesario que haya expertos peritos médicos y es fundamental que haya especialistas en derecho sanitario para pacificar el espacio sanitario donde se producen situaciones en un contexto de sufrimiento de enfermedad.
-¿En qué punto se encuentra el baremo de daños sanitarios?
-En estos momentos el ministerio de Sanidad ha creado un comité de expertos, del que formo parte, lo que pasa es que ya es el tercer comité en el que participo. Si hablamos de resolución de conflictos es fundamental que exista un baremo que ayudaría en todos los aspectos terciales de preparación, de especialización y, en definitiva, ese baremo fomentaría la resolución de conflictos.
-¿Cómo afecta el avance de la llamada tecnología de la información en el campo del derecho sanitario?
-El impacto de las TIC serán en el futuro más decisivas en el desarrollo de la Medicina y clave en la gestión de los pacientes. No hay que olvidar lo que va a significar desde el punto de vista de recetas, historias clínicas, acceso a éstas, consentimientos informados… La utilización de estas nuevas tecnologías, por ejemplo en el uso de receta electrónica privada en el entorno digital de las farmacias, nos obliga lo que a nosotros respecta, a profundizar su incidencia de los derechos de privacidad y confidencialidad pero indiscutiblemente es la revolución en el ámbito sanitario para el siglo XXI.
