El pleno del Congreso aprobó, a pesar del voto en contra del PP y de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y la abstención de Coalición Canaria, la tramitación de la proposición de ley del PSOE para facilitar el derecho a morir a las personas con enfermedad o discapacidad grave que no tengan más opciones de tratamiento y que quieran voluntariamente, y con informes médicos, acabar con su vida.
Según la propuesta de los socialistas, que abogan por incluirla como una prestación más en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS), sería el propio paciente, según sus «valores vitales», con una discapacidad «grave», un sufrimiento físico y psíquico «intolerable, insoportable e irreversible», una «altísima» dependencia a otras personas y con un diagnóstico realizado por un profesional sanitario, quien deberá pedir la eutanasia.
Una vez solicitada, y tras ser informado y formado debidamente por un profesional médico, deberá contar con una segunda opinión y, posteriormente, pasar por las comisiones de seguimiento de las distintas comunidades autónomas, quienes tendrían la última palabra como consecuencia de la transferencia de competencias en materia de sanidad.
Este proceso no podría tardar más de 32 días desde la petición hasta la resolución final. Además, tal y como han asegurado los representantes del PSOE, los médicos podrían apelar a la objeción de conciencia para no practicarla.
